sábado, 25 de febrero de 2017

La estrategia política del ajuste

Estrategia: conjunto de acciones aplicadas con el fin de desarrollar un plan previamente establecido para conseguir un objetivo.

El debate sobre la estrategia fiscal no ha estado exento de controversias, sin que sea del todo claro cuál es el esquema de política que impulsa el Ejecutivo. Desde la retórica, el Gobierno ha advertido sobre un abultado desequilibrio en las cuentas públicas, preanunciando un severo ajuste que todavía no se ha materializado. Más bien, lo contrario. Los datos recientemente publicados muestran que el déficit fiscal en 2016 aumentó en relación al año anterior (de 4,2% a 4,6% del PBI), y que el déficit sin contar los ingresos del blanqueo fue sensiblemente superior (5,9% del PBI).

Al analizar en detalle, lo que se observa es que las decisiones de política que tomó el Gobierno explican estos resultados. En efecto, el aumento del déficit estuvo explicado en parte por la contracción de los ingresos, debido a la reducción de las retenciones (-0,7 p.p. del PBI[1]) y a la caída en el nivel de actividad (-0,4 p.p.) y en parte por el aumento del gasto primario (+0,6 p.p.). Como dijimos, la clave del “éxito” para lograr el objetivo fiscal de 2016 fue el blanqueo, que aportó ingresos extraordinarios por 1,3 p.p. del PBI.


 La aparente contradicción entre el discurso del Gobierno y los resultados fiscales de su gestión pueden encontrar respuesta en las principales partidas que componen el gasto público (representan alrededor del 70%): las remuneraciones de los empleados públicos, las jubilaciones y las transferencias corrientes al sector privado (donde se encuentran los subsidios, asignaciones familiares, AUH, entre otras). En otras palabras, existe un límite político a cualquier esquema de ajuste drástico.

¿Eso significa que este gobierno no busca achicar el gasto? De ninguna manera, y eso queda claro cuando se observa que la única partida que sufrió un recorte importante fue aquella que podían recortar: los gastos de capital, destinados en su totalidad a la inversión pública (-0,4 p.p. del PBI).

Esto presenta otra paradoja, ya que Cambiemos siempre sostuvo que la base del crecimiento debía ser la inversión. En este caso, lo que esto refleja son las prioridades que tiene el Gobierno: el ajuste del gasto público por sobre el crecimiento económico.

Como ocurría en El Día de la Marmota, para 2017 vemos repetir la misma escena de principios de 2016: el (nuevo) ministro de economía afirma que su principal objetivo para este año es la reducción del déficit fiscal y, acto seguido, anuncia que quiere implementar una nueva ronda de reducción en los impuestos, en este caso sobre los aportes y contribuciones laborales (mal llamados “impuestos al trabajo”) que impulsarán una vez más al alza el déficit fiscal.

Cuando analizamos el comportamiento de los gobiernos neoliberales en la historia reciente, tanto aquí como en el resto del mundo, esta confusión discursiva no debería llamar tanto la atención. Si bien uno de sus objetivos declarados es bajar el déficit fiscal, no buscan hacerlo de cualquier manera.

En realidad, la meta principal es bajar los impuestos (donde los principales aportantes son los estratos medios-altos) y ajustar a la baja el gasto público (cuyos principales beneficiarios son los estratos medios-bajos), reduciendo tanto la capacidad de acción del Estado como el impacto redistributivo de su intervención.

Y la estrategia política que utilizan para lograr este acometido requiere primero construir un consenso que allane y facilite el ajuste del gasto. Ese consenso se logra por medio de la rebaja de impuestos, lo que provoca un incremento automático del déficit fiscal que permite instalar en la agenda eso como un “problema”, cuya solución obviamente implica el ajuste del gasto[2]. La sociedad no tolera los ajustes, salvo que sean inevitables[2].

Bajo esta lógica, la rebaja de los aportes y contribuciones adquiere una relevancia fundamental en la agenda del gobierno. Además de la obvia reducción de impuestos, es otro paso hacia el desfinanciamiento del sistema previsional. El primero había sido la “Ley de reparación histórica”, Ley que además le puso fecha a la discusión sobre la reforma previsional: 2019.

Y el objetivo no es otro que llegar a esa discusión con un sistema previsional sumamente deficitario que incline la balanza por el ajuste de las jubilaciones y/o el incremento de la edad jubilatoria. Hay que recordar que este sistema financia aproximadamente el 70% de las jubilaciones, y que a su vez éstas representan el 40% del gasto total que realiza el gobierno nacional. Esto es, sin lugar a dudas, una estrategia política. Que además de ser posiblemente efectiva, deja en claro que este gobierno tiene vocación política y que busca quedarse más allá de 2019.

¿Cuál debería ser la estrategia frente a esto? Eso ya implica un análisis aparte, lo que seguro no hay que hacer es volver a caer en el error de repetir que “se viene el ajuste”. Al igual que Pedro con el lobo, para cuando efectivamente se discuta la reducción fuerte del gasto, el impacto de ese discurso en la sociedad va a ser nulo.

Originalmente publicado en el Instituto de Trabajo y Economía (ITE)



[1] El costo fiscal de esta medida fue de $50.000 millones, según las estimaciones del propio gobierno que se desprenden del informe N° 92 del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Disponible en: https://goo.gl/ScgYfz
[2] Por ejemplo, los recortes de R. Reagan aplicados durante 1981 incrementaron el déficit fiscal de -2,5% del PBI en ese año al -5,7% en 1983. En 2001, el recorte de impuesto llevado a cabo por G. Bush hizo que el superávit fiscal de ese año (1,2% del PBI) se transformara en un déficit de -3,2%, dos años después. En Argentina, la rebaja en las contribuciones patronales se tradujo en una caída de -2,3 p.p. del PBI entre 1994 y 1994 en la recaudación de este impuesto, principal causa de que el resultado fiscal primario pasara de un superávit de 1,2% del PBI a un déficit de -0,3% entre esos años.

viernes, 3 de febrero de 2017

"Vamos a bajar los impuestos al trabajo para generar más empleo"

Deseaba creer que todo era una increíble coincidencia, 
porque las alternativas a la coincidencia eran extrañas y aterradoras.
Dean Koontz
En su primera entrevista, el flamante ministro de economía lanzó esta frase, dejando en claro que el gobierno sigue sosteniendo que la rebaja de los impuestos no solo es necesaria sino que además es beneficiosa para la economía. Veamos qué dice la evidencia.
A nivel mundial, hay una buena cantidad de trabajos que muestran que la reducción de los aportes y contribuciones en una diversa cantidad de países no lograron aumentar el empleo (Argentina en 1994/1999, Chile en 1981, Perú en 2003/2008, Suecia en 2002, Finlandia 2003/2012, Turquía 1998/2004/2005, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea 1990-2008). Resulta llamativo que uno de los que investigó ese tema y llegó a las mismas conclusiones sea… el propio viceministro de Dujovne[1].
De todos modos, debería alcanzar con lo que sucedió en nuestro país, uno de los casos paradigmáticos por lo drástico de las reducciones, para no volver a insistir sobre lo mismo.
A fines de 1993, en el marco del “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, se da inicio a la reducción sostenida de las contribuciones patronales a través de una serie de decretos (2609/93, 372/95, 492/95, 1520/98, 96/99). Esto provocó que, entre 1994 y 1999, se redujeran más del 50% (Beccaria y Galin, 2002). Durante el mismo período el desempleo aumentó 48,4%, llegando a 13,8% en 1999[2].
Gráfico 1. Contribuciones y Desempleo.
 Además es importante destacar que uno de los principales problemas que trajo aparejada la rebaja de las contribuciones fue el desfinanciamiento de las prestaciones previsionales y la caída del peso relativo de las contribuciones en el financiamiento de dichas prestaciones. Entre 1993 (antes de la implementación de la medida) y 1999, la participación de los aportes y contribuciones en el financiamiento de las prestaciones se redujo 34,9 p.p. Como contrapartida, eso fue reemplazado por otros impuestos, transformándose en uno de los principales problemas de solvencia fiscal (Cetrángolo y Grushka, 2004).

Gráfico 2. Financiamiento de las prestaciones sociales como % del PBI
Ahora bien, si esto no funcionó acá ni en el resto del mundo, la pregunta evidente que resuena es por qué se quiere volver a insistir con lo mismo. La respuesta podría encontrarse en la reducción del gasto previsional, que es financiado en gran medida por los aportes y contribuciones (aproximadamente el 68%) y que en la actualidad representa casi el 40% del gasto primario del Sector Público Nacional. 
Tal como sucedió durante los años 90, la reducción de estos componentes provocaría el desfinanciamiento de la Seguridad Social, otorgando al gobierno el argumento para reducir las jubilaciones y/o incrementar la edad jubilatoria.
Se debe recordar que la famosa “Ley de reparación histórica”, además de ser criticada con estos mismos argumentos, le puso fecha a la discusión sobre la reforma previsional: 2019. 
¿Coincidencia o estrategia aterradora?

Nota: Versión libre y resumida en base a un trabajo que publicamos acá.



[1] Esto se desprende del trabajo titulado “Payroll Taxes, Wages and Employment: Identification through Policy Changes”, que se encuentra disponible en: https://goo.gl/7PvdE9

[2] Desde ya que no se puede establecer una relación causal entre la reducción de los aportes y la suba del desempleo sin controlar por otras variables. No obstante, el modelo económico actual presenta una tendencia similar a la configuración de la Convertibilidad: apertura comercial, reducción de impuestos, achicamiento del Estado, endeudamiento externo y tendencia a la apreciación cambiaria.