lunes, 19 de septiembre de 2016

El salario no es una medida de competitividad (I)



Y así podríamos seguir probablemente con la mayoría de los principales referentes del gobierno, incluido el Presidente. Esto se debe a que muchos de ellos, siendo empresarios, conciben al salario como el principal costo que debe reducirse si se quiere mejorar la competitividad.

El argumento es sencillo y se utiliza principalmente para la competencia internacional: si los salarios crecen más que la depreciación del tipo de cambio, entonces los costos salariales denominados en dólares aumentan, erosionando la posibilidad de competir en los mercados internacionales. De aquí que esto sea comúnmente conocido como competitividad “cambiaria”.

La mejora en la competitividad cambiaria estaría asociada, por un lado, con la posibilidad de exportar más productos (que antes no se exportaban porque no les daba para competir) y, por otro, con mayores cantidades exportadas de los bienes que ya se venían exportando (incentivados por la mejora en la rentabilidad). Por ende, i) si se reducen los salarios en dólares; ii) se pasaría a exportar una mayor cantidad de bienes; iii) la economía argentina crecería más; y iv) todos los argentinos nos veríamos beneficiados.

Resulta evidente que el proyecto de país de un gobierno debería tener como principal objetivo el punto iv). Le vamos a dar el beneficio de la duda al gobierno de Macri, ya que las principales medidas tomadas hasta ahora no parecen respetar ese criterio, y vamos a suponer que tiene este mismo objetivo. Con lo cual, para que el argumento anterior logre ese acometido deberían cumplirse los cuatro puntos marcados en el párrafo anterior.

En esta entrada vamos a meternos con el primero de esos puntos, que a priori parecería lo más sencillo: cómo reducir los costos salariales en dólares. La forma más directa es a través de la devaluación del tipo de cambio[1]. Cuando esto sucede, automáticamente se reducen en la misma cantidad los costos salariales en dólares de los bienes que se exportan. Si, por ejemplo, una empresa exportaba 10 toneladas a un precio de 350 usd/ton y los salarios representaban el 30% de sus ventas (digamos 3 trabajadores que cobraban 5.250 pesos cada uno, lo que representa un costo salarial de 1.050 usd), una devaluación del 10% del tipo de cambio (de 15 a 16,5 $/usd) se traduce en una reducción del costo salarial en dólares también del 10% (mientras que la empresa sigue exportando por 3.500 usd, sus costos en dólares ahora son de 954,5 usd).

El problema, como todos sabemos, es que las empresas locales también van a tratar de aumentar sus precios en la misma proporción (o lo más que puedan, dada la estructura de su mercado). Eso significa que tras la devaluación se va a observar un aumento en la tasa de inflación, que va a repercutir en las negociaciones salariales siguientes, donde los trabajadores buscarán recuperar el salario perdido. Si esto llegara a suceder, la “competitividad” ganada tras la devaluación se vería rápidamente erosionada. Incluso puede suceder que la devaluación genere una pérdida mayor de competitividad, si el gobierno decide no continuar devaluando el tipo de cambio y la tasa de inflación se mantiene en un nivel mayor debido a la dinámica inercial desencadenada.

Con lo cual, para que la devaluación sea exitosa en términos de competitividad, los salarios no deberían aumentar en la misma proporción, algo que a priori no sucedería de forma automática y menos aún cuando los trabajadores se encuentran organizados sindicalmente. De aquí la insistencia por parte del gobierno de no reabrir paritarias o de plantear que en el futuro las discusiones salariales sean en base a la productividad de cada sector (algo que casi por definición anularía la puja distributiva).

Otra estrategia, que en parte refuerza a la anterior, es la de desacoplar los precios locales de la evolución del tipo de cambio; es decir, que cuando se devalúa el tipo de cambio eso no se traduzca en un aumento de los precios (con el consecuente incremento de los salarios). Este es uno de los principales argumentos que sostiene el BCRA para aplicar un esquema de metas de inflación, que comenzará a funcionar a partir del 26 de septiembre. La justificación sería que tras la devaluación los empresario aumentan sus precios “por las dudas”, anticipando que la inflación va a aumentar y tratando de resguardarse frente a eso. Si todos actúan de manera similar, la inflación efectivamente aumenta, pero sin estar avalada por un incremento de los costos (un buen ejemplo de lo que se conoce como profecía autocumplida). Cabe destacar que para que esta estrategia funcione, de todos modos los trabajadores deberían resignar el poder adquisitivo perdido en la paritaria de 2016.

Como se puede observar, no resulta obvio ni sencillo que se logre este primer punto de la cadena secuencial presentada más arriba. En gran parte depende de que los trabajadores asuman el costo de la devaluación, resignando el poder adquisitivo perdido durante este año. Para eso, no solo no deberían reabrirse las paritarias sino que, a principios del año próximo cuando se discutan las próximas negociaciones salariales, con una inflación para ese entonces que probablemente ronde el 25%, los sindicatos deberían conformarse con aumento en torno al 20% (en línea con el 17% de inflación esperada para el BCRA). Por algo Sturzenegger dijo recientemente que “la batalla contra la inflación recién está por comenzar”.



[1] Más adelante vamos a analizar una forma genuina de lograr este objetivo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario