domingo, 4 de diciembre de 2016

Los números y la aritmética de la deuda

Originalmente públicado en el Cash de P12.

El cambio de gobierno no solo significó un cambio rotundo en la política económica sino también en su análisis e interpretación. Esto se presenta como un desafío para los economistas, ya que demanda esfuerzos mayores para entender la nueva realidad económica por la cual está atravesando el país. Algunas variables que antes no eran consideradas tan relevantes pasan al primer plano, mientras que en otros casos, sucede lo contrario. Eso implica, además, que las relaciones entre las distintas variables agregadas pueden sufrir modificaciones, obligando a repensar y a estudiar con mayor profundidad estas cuestiones.

Un claro ejemplo de lo anterior es el tema del endeudamiento.  Su análisis requiere, en primer lugar, desenmarañar entre una madeja de emisiones hechas por distintos sectores (Público Nacional, Provincial o Privado), en distintas monedas (pesos, dólares, euros) y con diferencias en la residencia (interna o externa) de los tenedores.

Según el Observatorio de la deuda del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación G. Abdala, durante el año el Gobierno Nacional ha colocado deuda por 49.325 millones de dólares. El 65% de esas emisiones fue realizado en moneda extranjera, mientras que el 35% restante fue en moneda local. Además, una parte de esas emisiones fueron utilizadas para el pago a los fondos buitres, mientras que otras (algunas de las Letras del Tesoro emitidas) vencen este mismo año.
Al tomar en consideración estas cuestiones, lo que se desprende es que en lo que va del año la deuda del Sector Público aumentó aproximadamente USD 34.470 millones. Esto se obtiene luego de descontarle al total de las emisiones los vencimientos de las Letras y el pago de títulos para todo 2016. El 72% de ese aumento corresponde a deuda denominada en moneda extranjera, mientras que el 28% restante está denominada en pesos. Un dato no menor que advierte el ITE es que la deuda contraída en estos 10 meses implica que por los próximos 10 años habrá que pagar USD 2.000 millones más de intereses, por cada año.

¿Cuál fue el destino de esa deuda? Principalmente se utilizó para financiera el déficit de la Cuenta Corriente y la demanda de moneda extranjera del Sector Privado, mientras que el resto fue acumulado por el Banco Central (las reservas internacionales aumentaron USD 12.300 millones). Por ahora esto no fue utilizado para impulsar la inversión pública, ya que en el acumulado del año se observa una reducción en las partidas del gasto público nacional destinadas a la inversión, que en términos reales supera el -28% anual.

Se debe destacar que una parte de este endeudamiento se debe al escaso entusiasmo que por ahora manifestaron los capitales internacionales con el cambio de gobierno. Durante el primer semestre del año la Inversión Extranjera Directa fue de USD 1.290 millones, en línea con la evolución de los años anteriores (el promedio 2010-2015 fue de USD 1.300 millones). Es decir, el gobierno debió recurrir al endeudamiento externo porque, hasta ahora, las inversiones extranjeras no aparecieron.

Ahora bien, ¿esto es mucho o poco? Para medir eso por lo general se recure al ratio deuda/PBI, que permite comparar entre países y además reflejaría la capacidad de pago de cada economía. Al tomar el stock de deuda actual, y la estimación del PBI a precios corrientes y el tipo de cambio para fin de año del presupuesto (para obtener el PBI en dólares), lo que se observa es que ese ratio se mantiene prácticamente constante en relación a fines de 2015 (49,6% y 50,5%, respectivamente). Es importante destacar el cambio de composición, ya que el ratio de deuda en moneda extranjera crece 2,3 p.p. mientras que el de deuda en moneda local se reduce -1,4 p.p.

¿Cómo se explica que aumente el endeudamiento pero que el ratio se mantenga prácticamente constante? Para eso hay que descomponer la variación en tres efectos.

En primer lugar, el efecto cantidad (+). Un aumento del stock nominal de la deuda incrementa directamente el ratio. Como se mencionó anteriormente, la deuda aumentó casi USD 35.000 millones, lo que implica una expansión del 16%.

En segundo lugar, el efecto cambiario (+). Un aumento del tipo de cambio reduce el PBI en dólares, lo que implica un aumento del ratio. Si bien el tipo de cambio tiene un efecto sobre el endeudamiento en moneda local, dada su reducida participación en el total de la deuda (33%) no alcanza a compensar el efecto sobre el PBI. A partir de un tipo de cambio estimado en 15,5 para fin de año, la devaluación sería del 19% respecto de diciembre del año anterior.

Un aspecto importante a destacar es que la metodología –histórica- empleada por la Secretaría de Finanzas para calcular el PBI en dólares se basa en el último dato disponible del tipo de cambio, y no en el promedio del año. Esto significa que para el ratio de deuda de 2015, el tipo de cambio utilizado fue de 13,01 (es decir, posterior a la devaluación que llevó a cabo el gobierno). De utilizar el tipo de cambio al 10 de diciembre, el ratio sería de 37,4%, lo que implica un aumento de 13,2 p.p. entre un año y otro.

En tercer lugar, el efecto precios (-). Un incremento de los precios se traduce automáticamente en una expansión del PBI, reduciendo el ratio de la deuda. Según el presupuesto, en 2016 el PBI a precios corrientes va a aumentar 35%, y eso se debe exclusivamente al aumento de los precios (ya que en términos constantes se contrae -1,5%).

De lo anterior se desprende que el ratio se mantiene constante debido al efecto compensatorio que tiene el efecto precio (que reduce el ratio -35%) en relación al aumento de la cantidad de la deuda (+16%) y la devaluación de la moneda (+19%).


En suma, lo que este ejercicio trata de mostrar es que el ratio de deuda/PBI está muy influenciado por la dinámica de los precios y del tipo de cambio, además del monto nominal de la deuda. Ante un escenario (factible) de ingreso de deuda, con la consecuente apreciación real del tipo de cambio y algo de crecimiento, este ratio probablemente muestre un crecimiento moderado en los próximos años. Eso no significa que dicha dinámica sea sostenible, dado que podría derivar en una devaluación real del tipo de cambio, que aumentaría rápidamente ese ratio, como quedó claro al observar su comportamiento ante el cambio de gobierno.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

La inflación no baja y la economía no repunta

Luego de que en agosto se llegó a pensar que la actividad, la inversión y el consumo habían comenzado un sendero levemente expansivo, en septiembre volvieron las malas noticias, dado que los principales indicadores mostraron niveles de caída similares a los de mitad de año.

A pesar de haber cerrado el frente externo-financiero para lo que resta de 2016, a través de una masiva colocación de deuda externa, el horizonte económico está lejos de lucir despejado, dado que el gobierno no ha logrado consolidar la baja de la inflación y la economía no repunta.


En este escenario, la política monetaria contractiva parece mostrar limitaciones para bajar la inflación por la vía de la apreciación cambiaria, mientras que su impacto recesivo en la actividad puede estar más activo que nunca. Primero, porque las tasas altas inducen a las empresas a financiarse a través de impuestos, reduciendo el espacio fiscal. Segundo, porque en los últimos meses el principal proveedor de divisas no fueron las inversiones financieras atraídas por las altas tasas, sino la colocación de deuda pública.


De cara a 2017, será clave seguir como reaccionan el consumo y la actividad al último tramo de los acuerdos paritarios, que caen entre noviembre y enero del año próximo. Como factor de riesgo de mediano plazo para la política económica, debe sumarse el nuevo panorama global, signado por el resultado de las elecciones en EEUU.

La profundidad y la persistencia de la recesión tienen consecuencias no solo por el lado de la demanda, sino también por el de la oferta. Esto es así porque la caída de la actividad tiene a su vez implicancias graves para el entramado productivo, la industria local y el empleo. En el presente informe elaboramos una “Radiografía de la Industria”, que analiza las consecuencias microeconómicas de la política de Cambiemos.

Finalmente, la evolución del empleo sigue atada a una economía estancada. Como aspecto llamativo, vale la pena destacar que la composición del empleo privado registrado se volvió un claro reflejo de los impactos sectoriales de las políticas del gobierno: la apertura comercial perjudica al sector industrial, mientras que la contracción de la obra pública en el empleo de la construcción. El sector servicios se mantiene estable, mientras que el empleo del sector primario crece.

Pueden ver el informe de coyuntura completo del ITE acá.

lunes, 21 de noviembre de 2016

viernes, 11 de noviembre de 2016

¿Cómo viene la política fiscal?

En lo que va del año, el gasto primario se incrementó 29,8%, aunque en términos reales eso significa una contracción aproximada de -4,4%. Al analizar las principales partidas, lo que se observa es que eso está explicado casi en su totalidad por el ajuste en los gastos de capital, que muestran una caída de -1,4% (y de -27,7% en términos reales).

El resto de las partidas principales aumentaron por encima del gasto primario: Prestaciones de la Seguridad Social (38,0%); Transferencias Corrientes al Sector Privado (36,6%); Remuneraciones (33,4%). Los datos de septiembre profundizan esta tendencia, dado que las principales partidas aceleraron su ritmo de crecimiento, impulsando al gasto primario, mientras que el ajuste en los gastos de capital es aún mayor[1].
Lo que se observa entonces es que la contracción del gasto, pero fundamentalmente aquel destinado a inversión pública, es uno de los factores que explica el retroceso en la actividad.

Esto se ve confirmado cuando se analiza el impulso fiscal del Sector Público Nacional, que fue negativo durante los primeros 6 meses del año y luego se revirtió en el tercer trimestre. Lo que mide el impulso fiscal es la inyección neta que realiza la política fiscal. Si, por ejemplo, al mismo tiempo se aumenta el gasto público $100 pero se aumentan los impuestos por $100, el impulso se mantiene constante (con lo cual, para que el impulso sea positivo tiene que crecer más el gasto que los ingresos, cosa que puede suceder aumentando el gasto y/o recortando los impuestos).

En el acumulado, el impulso fiscal fue nulo (-0,03% del PBI) y la explicación radica en que, si bien durante este año hubo una marcada desaceleración de la recaudación, lo que contribuye positivamente como muestra la parte naranja  (tanto por la caída en la actividad como la quita de retenciones), esto no alcanzó a compensar el menor dinamismo en el gasto primario, cuya reducción terminó haciendo que el impulso fuese nulo (la parte verde).

Impulso fiscal - Trimestral y acumulado anual, en % del PBI.

En relación con su impacto en la actividad, la política fiscal no solo estaría impactando negativamente por el menos nivel del impulso sino también por el cambio en su composición, ya que el multiplicador fiscal de la política tributaria es menor que el del gasto.

La contrapartida del bajo impulso fiscal es un leve aumento del déficit fiscal primario (+0,2 p.p. del PBI en el acumulado de los primeros 9 meses). Esto estaría explicado fundamentalmente por la merma en la recaudación, y en menor medida por la contracción del PBI y del gasto. 

Se debe destacar que, a pesar del incremento en el déficit, el análisis de las partidas según su grado de flexibilidad estaría indicando que el gobierno tiene intenciones de reducir el gasto. Además de la contracción en los gastos de capital, también se observa una marcada desaceleración en lo que va del año en Bienes y servicios (2,8% nominal) y en Otros gastos corrientes (-43,0%), mientras que los gastos más inflexibles a la baja son los que sostienen el nivel del gasto público (Seguridad Social, Transferencias Corrientes al Sector Privado y Remuneraciones, mencionados previamente). La única excepción está dada por las Transferencias Corrientes a Municipios y Provincias, que se expandieron 115,3% y eso se debe en gran parte a la devolución de los recursos de la coparticipación destinados a la ANSES.

En definitiva, lo que se observa hasta ahora es que el Sector Público no ha jugado un rol contracíclico en la recesión actual; en realidad, es probable que esté contribuyendo a la caída de la actividad. Esto se debe más que nada a un cambio en la composición de la política fiscal (tanto en la contribución global, medida por el impulso fiscal, como en la composición del gasto), más que a la clásica implementación de un severo ajuste.
Originalmente publicado acá.



[1] El notable aumento de las Transferencias Corrientes al Sector Privado se debe más que nada a una baja base de comparación, dado que el aumento del gasto de septiembre se encuentra en línea con los meses anteriores (+11,4% en relación al trimestre anterior), mientras que para septiembre de 2015 se observa una caída (-13,4%). Sumado a eso, el fallo de la corte había dejado sin efecto el recorte a las tarifas de los servicios públicos.

domingo, 23 de octubre de 2016

El salario no es una medida de competitividad (II)

(Segunda entrega sobre la relación entre salarios y exportaciones, la primera acá).

Aun suponiendo que el gobierno logre ganar esa primera batalla, y que para 2017 se alineen el crecimiento de los salarios, el tipo de cambio y los precios, resta analizar cómo es que esa mejora en la competitividad cambiaria se traduciría en un aumento de las exportaciones. Es decir, hay que analizar si efectivamente a partir de una devaluación –traducida como una reducción de los costos (salariales) en moneda extranjera- provoca un aumento de la cantidad exportada.

Lamentablemente esto no sucede en la realidad. Existe abrumadora evidencia empírica, sumado a diversos argumentos a nivel teórico que explican por qué una devaluación no genera un incremento en las exportaciones.

Bernat (2015) analiza la mayoría de los trabajos empíricos sobre las elasticidades del comercio exterior para los países de la región y muestra que el principal resultado es que las exportaciones presentan una elasticidad-ingreso marcadamente mayor que la elasticidad-precio[1]. Esto significa que las exportaciones responden cuando aumenta/cae la demanda de los socios comerciales y no así cuando se devalua/aprecia el tipo de cambio real (TCR).

Además de la evidencia empírica, existen varios argumentos teóricos que avalan lo anterior. En primer lugar, la canasta exportadora de los países de la región está compuesta mayoritariamente por productos primarios y por manufacturas basadas en recursos naturales, los cuales se caracterizan por tener una baja participación de insumos no transables, como el salario, en su estructura de costos. O sea, no mejora la “competitividad cambiaria”, porque el peso de los costos que se ven reducidos con la devaluación es bajo.

El resto de la canasta exportadora, cuyos componentes principales son las manufacturas (que a priori tendrían una elasticidad precio mayor), tampoco resultan sensibles al TCR debido a que en esos sectores existe una marcada heterogeneidad estructural a nivel firma, tanto en relación al mercado doméstico como al estado del arte internacional. De este modo, resulta probable que una devaluación del TCR no alcance a compensar la baja productividad relativa que se observa, tanto a nivel firma en relación a las grandes empresas exportadoras locales, como a las internacionales.

En segundo lugar, esta heterogeneidad en la estructura productiva se puede manifestar de otro modo que complementa la explicación de la baja elasticidad de las exportaciones en relación al TCR. Una devaluación genera que el precio de venta del producto exportado –medido en moneda local- aumente, mientras que los costos se mantienen. Esto significa, lisa y llanamente, un aumento del margen de ganancia por unidad exportada, lo cual no asegura que eso se traduzca en un aumento en la cantidad exportada.

Dada la heterogeneidad estructural presente en los países de la región (que implica que la mayor parte de las exportaciones sean realizadas por pocas empresas muy productivas), el moderado aumento que se suele observar en las cantidades exportadas podría estar reflejando, entonces, que las empresas exportadoras -que ya estaban instaladas en el mercado- absorben el impacto por medio del incremento de su margen de ganancia, mientras que algunas pocas y pequeñas empresas menos productivas logran ingresar al mercado externo.

Lo que se observa entonces es que la heterogeneidad estructural es uno de los principales elementos que explican por qué el TCR no resulta la herramienta adecuada para estimular el nivel de las exportaciones. Dadas las elevadas brechas de productividad existentes entre las principales firmas exportadoras y el resto, el nivel del TCR debería elevarse considerablemente para lograr que las firmas de menor productividad puedan competir en los mercados internacionales, lo cual probablemente ni siquiera pueda llegar a ser logrado debido a su incompatibilidad con los límites sociales que cada gobierno enfrenta (Dvoskin y Feldman, 2015).

Aun suponiendo que se pudiera sostener un TCR elevado, la multiplicidad de sectores que existen en una economía hacen que sea imposible utilizar esta herramienta para elegir aquellos que se desea impulsar. Una forma de presentar esto es a partir de la modificación del modelo de intercambio comercial con N bienes elaborado por Dornbusch, Fisher y Samuelson (1977) que realiza Chena (2015). El gráfico a continuación refleja la heterogeneidad estructural presente en los países periféricos. La variable Z, ubicada en el eje de las abscisas, determina el requerimiento unitario de trabajo relativo a los países centrales para cada bien, en forma decreciente (es decir, mide las ventajas comparativas del país periférico), mientras que en el eje de las ordenadas se encuentra la productividad y el salario relativo entre el país central y el periférico (mediados por el tipo de cambio nominal).
Gráfico 1. Comercio y especialización internacional


Fuente: Chena (2015).

Cada sector tiene un nivel de productividad distinto y solo van a exportar aquellos cuya productividad supere al salario relativo de la economía. Lo que se observa, entonces, es que habría un solo instrumento (el tipo de cambio) frente a una gama de posibilidades. Con lo cual resulta mucho más efectivo compensar las brechas de productividades a través de otros mecanismos más selectivos, como puede ser algún beneficio fiscal o financiero, por ejemplo.

Por último, la evidencia a nivel mundial tampoco avala esta supuesta relación entre exportaciones y “competitividad” salarial. Kaldor (1978) comparó el crecimiento de los costos laborales unitarios (CLU) y el crecimiento en la participación mundial de las exportaciones de 12 países para el período 1963-1975 y en varios encontró una relación positiva, infiriendo que no se podía identificar los determinantes de las exportaciones solo a través de la competitividad precio[2]. Posteriormente, varios trabajos confirmaron dicha relación para distintos países en diversos períodos de tiempo, mostrando que los factores vinculados a la competitividad no-precio son más relevantes para explicar las mejoras en las exportaciones (Fagerberg, 1996; Sanchez y Bermejo, 2006; Fagerberg, Knell ySrholec, 2007; Benkovskis y Wörz, 2014). Así, el aumento de las exportaciones estaría explicada fundamentalmente por factores distintos del precio, asociados a la calidad y el grado de diferenciación del producto (innovación, capacidades técnicas, productivas y comerciales, investigación y desarrollo, etc.).

La conclusión es evidente: si lo que se busca es aumentar las exportación, devaluar y bajar los salarios no sirve de nada.



[1] El autor analiza 14 trabajos que incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay que van desde 1967 al 2013.

[2] El (CLU), medido como la participación del salario nominal en el producto a precios constantes, es simplemente la participación salarial en el PBI multiplicado por un deflactor de precios. Esto significa que una mejora en la competitividad, entendida como una reducción del CLU, es lo mismo que una baja en la participación del salario en el producto. Esto pone en duda la visión competitiva de que cuanto más bajo sea el CLU, mejor. Es posible que un mayor CLU (una participación salarial más elevada), lleve a una tasa de crecimiento mayor de la economía. Esto se encuentra en línea con la evidencia empírica que notó Kaldor (Felipe, 2005).

sábado, 8 de octubre de 2016

Curso de Economía Política




El Instituto PATRIA y la Universidad Nacional Arturo Jauretche abren la inscripción al Curso de Economía Política.
Se dictará a lo largo de 10 clases, los días miércoles de 18 a 20 en la sede del Instituto (Rodríguez Peña 80, CABA).
INICIO: 12 de Octubre de 2016
EQUIPO DOCENTE
Axel Kicillof
Emmanuel Álvarez Agis
Arnaldo Bocco
Augusto Costas
Javier Rodriguez
Paula Español
Roberto Feletti
Carlos Heller
Santiago Fraschina
Federico Pastrana
Alejandro Vanoli
Ariel Lieutier
Juan Manuel Telechea
(entre otros)

Cronograma de clases:
1) Miércoles 12 de Octubre: ¿Qué es la economía? Ortodoxia y heterodoxia.
2) Miércoles 19 de Octubre: Los problemas económicos. Causas y soluciones.
3) Miércoles 26 de Octubre: La economía Argentina. Estructuralismo latinoamericano.
4) Miércoles 2 de Noviembre: Historia Económica Argentina I. Modelo Agroexportador y la ISI.
5) Miércoles 9 de Noviembre: Historia Económica Argentina II.
6) Miércoles 16 de Noviembre: Historia Económica Argentina. Kirchnerismo y macrismo.
7) Miércoles 23 de Noviembre: Precio, mercado de trabajo y distribución del ingreso.
8) Miércoles 30 de Diciembre: Sector externo y endeudamiento.
9) Miércoles 7 de diciembre: Industria y sector agrario.
10) Miércoles 14 de Diciembre: Cierre
Se pueden inscribir aquí.

viernes, 30 de septiembre de 2016

3er Congreso de Economía Política del CCC - UNQ

La semana que viene, durante los días 3, 4 y 5 de octubre se va a estar desarrollando el 3er Congreso de Economía Política organizado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes.



Acá pueden ver el programa completo, con todas las mesas y los horarios.

El miércoles a las 11 de la mañana, en la mesa "La necesidad de una macroeconomía para el desarrollo", voy a estar presentando un trabajo que justamente analiza ese tema.

Copio el resumen, y si a alguno le interesa, el trabajo completo está acá:

El fuerte crecimiento logrado por las economías latinoamericanas durante la primera década del Siglo XXI y su posterior moderación hizo resurgir nuevamente las discusiones en torno al desarrollo, entendido como la mejora constante del nivel de vida de toda la población, y las diversas estrategias para lograrlo.

Por tales motivos, este trabajo busca analizar los principales instrumentos de política con los que cuentan los países latinoamericanos, con el fin de identificar su impacto en cada uno de los agregados macroeconómicos, y en base a ello, el rol que cada uno debería tener para llevar adelante una estrategia de crecimiento que sea sostenible en el tiempo y cuyo objetivo principal sea la mejora del bienestar de toda la población. 

martes, 27 de septiembre de 2016

La madre de todas las batallas

Por Emmanuel Álvarez Agis y Juan Manuel Telechea

¿Cuáles son los sectores que se benefician con la caída del costo laboral? Ante los cambios profundos que impone la derecha en el gobierno, la madre de todas las batallas será la que enfrente a los trabajadores para evitar una nueva flexibilización laboral.

La política económica del país cambió rotundamente desde diciembre de 2015, de eso no hay dudas. Más difícil resulta, en cambio, entender la naturaleza de esas reformas, lo que permitiría descifrar –y anticipar- la lógica que rige el comportamiento del gobierno del PRO. Esta dificultad reside, en parte, en la definición “neoliberal” que se le atribuye al gobierno. No porque no lo sea, sino por la falsa caracterización con la que se lo suele presentar. El surgimiento del neoliberalismo puede ubicarse en el Coloquio Walter Lippmann, llevado a cabo en 1938 y que reunió a una gran cantidad de filósofos, economistas y teóricos liberales (entre los que se destacaban el propio Lippmann, Rougier, Hayek y Mises), cuyo objetivo era precisamente analizar el fracaso de la doctrina clásica liberal y el avance del socialismo.

Hubo un reconocimiento tácito de que el fracaso de estas ideas estaba vinculado con la defensa a ultranza de una libertad sin ningún tipo de restricciones .Lo que estos teóricos advirtieron fue que en la realidad no existe la posibilidad de que surja espontáneamente un mercado autorregulado. Esto es porque las sociedades son criaturas del derecho y de Estado: Toda propiedad, todo contrato, toda sociedad existe porque existen derechos, garantías y obligaciones cuya aplicación se puede asegurar cuando son sancionados por la ley a través del Estado. La diferencia principal radicaba entonces en concebir al liberalismo como un liberalismo activo dirigido a la creación consciente de un orden legal en cuyo interior la iniciativa privada, sometida a la competencia, pueda desarrollarse con toda libertad. Es decir, y tal como había mostrado K. Polanyi, que el mercado autorregulado solo es posible por medio de la acción política deliberada.

De lo anterior se desprende que los gobiernos neoliberales intervienen activamente en la economía con el objetivo de transformar el marco legal y la estructura económica para que se comporte como ellos creen que debe funcionar. Pero además, las características de estos gobiernos no son idénticas ni son las mismas a través del tiempo. Existen ciertos rasgos generales que los caracterizan, pero en cada sociedad y según el contexto histórico adquieren características propias. El neoliberalismo, como todo fenómeno social, evoluciona. El gobierno de Macri es sin lugar a dudas un gobierno neoliberal, pero no es un retorno a los ’90. Eso es, casi por definición, imposible, debido a que implicaría desconocer que entre un gobierno y otro tuvo lugar la crisis económica más grande de la historia argentina y además doce años de gobiernos kirchneristas.

Es neoliberal porque, como se desprende de la definición que presentamos anteriormente, es un gobierno que desde el primer día intervino activamente con el objetivo de transformar el marco regulatorio que rige la dinámica económica. Pero a la vez entiende que para sostenerse en el poder debe volver a ser legitimado en las urnas, lo que implica sostener sus bases de apoyo y tratar de contener, hasta donde se pueda, al resto. Solo así se puede entender la convivencia de políticas que a priori pueden parecer tan disímiles como la desregulación del mercado cambiario o los despidos en el sector público y el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables o el aumento del seguro de desempleo. Esto es un rasgo fundamental de este neoliberalismo aggiornado, que refleja que entiende de política y que implementa las medidas económicas en función de eso, y no a la inversa. Al igual que con el kirchnerismo, la política sigue primando sobre la economía.
Sumado a lo anterior, la velocidad de los ajustes implementados, si bien drásticos en relación con el modelo anterior, fueron “graduales” según una parte del propio equipo económico. Esto refleja que el PRO entiende que modificar la distribución de los ingresos, uno de sus principales objetivos, es un proceso que lleva tiempo. Y, además, que para eso no alcanza solo con medidas puntuales, como puede ser una quita de retenciones, sino que deben transformar los marcos regulatorios que estructuran y determinan las relaciones económicas.

En este sentido, la madre de todas las batallas se encuentra, sin dudas, en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Por un lado, en términos económicos, aquí se disputa la distribución del excedente pero también la estrategia de crecimiento de cara al futuro. La dicotomía salarios altos/bajos también se traduce en una estrategia de crecimiento liderado por el mercado interno/externo, en base a bienes manufacturados/commodities, cuyo motor es el Estado/sector privado. En términos políticos, aquí se disputa el poder de organización y de resistencia que históricamente el sector sindical tuvo ante el avance de los gobiernos neoliberales, actuando como principal retaguardia de los intereses del pueblo.

Así, se observó desde el inicio de la gestión una evidente estrategia para ir socavando de a poco el poder de los sindicatos. Primero por medio de un violento ataque al empleo público, tanto desde el punto de vista conceptual como real: no solo se estigmatizó el empleo público refiriéndose a los trabajadores del Estado como “grasa militante”, sino que el gobierno avanzó en el despido de miles de trabajadores del sector público. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio del Derecho Social de la CTA solo durante los dos primeros meses de gestión se despidieron un total de 18.613 trabajadores del sector público.

Los despidos en el sector público abrieron la puerta a los despidos en el sector privado. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la dinámica del empleo cambió drásticamente durante en el primer semestre de 2016: mientras que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 se habían generado un total de 144.895 empleos, en los primeros cinco meses de gestión el nuevo gobierno destruyó un total de 128.294 empleos. Si bien el 63% de esta caída se explica por la dinámica de la industria y la construcción, sorprende observar que el campo y la minería, dos de los sectores más beneficiados por la combinación de la devaluación y la quita de retenciones, destruyeron un total de 15.356 empleos. La nueva dinámica en materia de empleo y el objetivo de disciplinamiento queda clara cuando se observa la tasa de desempleo al finalizar el primer semestre de 2016: 9,3%. Para contextualizar este dato, basta decir que se debe retroceder hasta el año 2006 para encontrar un segundo trimestre con un nivel de desocupación tan alto. En materia de desempleo, los primeros seis meses de gestión de Cambiemos significaron retroceder una década [1].

Todo esto se inscribe en una estrategia más general por parte del nuevo gobierno que podría resumirse en un objetivo bien conocido para nuestro país: la flexibilización laboral. La primera señal en este sentido fue dada por el actual presidente, en una entrevista concedida por el presidente al diario La Nación el 24 de julio. Aquí Macri se preguntaba qué necesita la inversión. Él mismo se contestaba: “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Queda claro que la parte a la que se refería el presidente era a la de los trabajadores. La declaración resulta preocupante por ser absolutamente falsa: cuando se toman los últimos 10 años de historia, existieron en la justicia laboral argentina 20 fallos plenarios de los cuales 10 se resolvieron a favor de los trabajadores y 10 a favor de las empresas [2]. Imposible lograr mayor equidad que esa.

Pero las señales a favor de la flexibilización laboral no terminaron ahí. A poco más de un mes de su primera declaración, el presidente nuevamente apuntó contra los trabajadores, a quienes les pidió que “no pongan palos en la rueda” [3]. En el mismo sentido, a poco de conocerse el incremento en el desempleo luego de 6 meses de “cambio”, el jefe de gabinete de ministros señaló que era necesario avanzar con la aprobación de la ley de Empleo Joven propuesta por el Poder Ejecutivo. El proyecto vuelve a considerar al salario como un costo y, a partir de esta concepción, supone que la mejor forma de reducir el desempleo juvenil es reducir el costo de contratación de este sector de la población. La forma de incrementar el empleo entre los jóvenes de entre 18 y 24 años sería entonces reducir los impuestos y cargas patronales a aquellas empresas que optaran por contratarlos.

Lamentablemente, esta aproximación a la problemática del desempleo juvenil es absolutamente errónea, como toda aproximación que considere al trabajo como un costo. En lo que respecta al desempleo entre los jóvenes, el informe “Emplear a los Jóvenes: Promover un Crecimiento Intensivo en el Empleo” elaborado por la OIT, señalaba ya en 1999 que “es discutible que los programas de empleo o formación para jóvenes en gran escala y no específicos arrojen rendimientos positivos. Hay escasa evidencia de que esa clase de programas mejoren ni las perspectivas de empleo ni las ganancias de los jóvenes, y especialmente de los jóvenes desfavorecidos”. En el mismo sentido, la OIT refuta la visión que sostiene la ley de Empleo Joven promovida por Cambiemos al establecer que “los datos no parecen indicar que la falta de empleo para los jóvenes se deba a que su trabajo resulte demasiado caro”. Y en el mismo sentido, “el desempleo elevado no parece ser básicamente fruto de la protección de los puestos de trabajo, los impuestos sobre las nóminas, la fuerza de los sindicatos ni la ‘inflexibilidad’ de los salarios”.

Por último, el nuevo gobierno tuvo a poco de iniciada su gestión una oportunidad muy concreta de demostrar su posición respecto a medidas orientadas a proteger el empleo. Debido al crecimiento de los despidos y al cambio de dinámica en el mercado de trabajo producido por la recesión económica, la totalidad de las centrales sindicales acudieron a fines de marzo de 2016 al parlamento nacional para pedir que se votara una ley que impidiera los despidos sin justa causa. Luego de un breve debate parlamentario, se votó favorablemente una Ley con ese objetivo. Sin embargo, la decisión del ejecutivo fue vetar esa norma, argumentando que el país no estaba de ninguna manera en una “emergencia laboral”. Sin embargo, los resultados del veto presidencial no hicieron más que confirmar dicha emergencia. De los 128.294 empleos que se perdieron durante los primeros 5 meses de gestión del nuevo gobierno, 41.097 fueron explicados por despidos sin justa causa, despidos que podrían haberse impedido si el presidente no hubiese vetado la ley.

Siempre se dice que las crisis son también una oportunidad. Pues bien, los momentos de crisis económicas suelen ser “oportunidades”, pero para flexibilizar el mercado de trabajo. Puesto que en la actualidad Argentina se encuentra transitando una recesión, es interesante intentar anticipar cuáles podrían ser los efectos de una flexibilización laboral sobre la desocupación. Lamentablemente, la crisis internacional que comenzó en 2008 con la caída de Lehman Brothers convirtió al mundo en un laboratorio en materia de flexibilización laboral. Ante la caída de la actividad y el crecimiento del desempleo, muchos países optaron por flexibilizar sus mercados de trabajos con el objetivo de promover el empleo. Sin embargo, y como era de esperar, el resultado fue exactamente el opuesto.

En un análisis sobre los efectos de las reformas laborales de 111 países de todo el mundo (entre los cuales está incluido Argentina) entre los años 2008 y 2014, la Organización Internacional del Trabajo concluyó que la desregulación del mercado de trabajo redujo el nivel de empleo y aumentó la desocupación [4]. De ese grupo de países, los que flexibilizaron su mercado de trabajo tuvieron un crecimiento de su tasa de desempleo de 3,7 puntos porcentuales, mientras que los que incrementaron la protección laboral prácticamente no sufrieron aumentos en la desocupación a pesar de la violenta crisis mundial que tuvo lugar durante esos años. Por lo tanto, en función de los datos disponibles para nuestra economía, podemos concluir que una nueva flexibilización laboral en Argentina podría incrementar el desempleo del actual 9,3% hasta un 13%, tasa similar a la del año 2004, sumando a casi medio millón de argentinos a la desocupación.
Por esta razón, los defensores de la flexibilización laboral en general, la clase empresarial, deberían comenzar a pensar en las conquistas laborales y en los aumentos salariales como un jarabe que, a pesar de saber amargo, es el mejor remedio para la enfermedad actual: la recesión y la consecuente caída de las ventas. Sin embargo, es importante destacar que nuestra hipótesis no es que existen sectores de la sociedad o incluso del actual gobierno que equivocada o desprevenidamente apoyan iniciativas (como la flexibilización laboral) que tienen como resultado un objetivo contrario al buscado, es decir, que terminan subiendo la desocupación en lugar de eliminarla. Nuestra hipótesis es que estas iniciativas son absolutamente consientes de sus resultados: el crecimiento de la desocupación. Porque el verdadero objetivo es el de incrementar la competitividad y las ganancias de algunos sectores de la economía con una herramienta infalible: la desocupación. Incrementar el desempleo es la manera más efectiva de conseguir paritarias que se ubiquen por debajo de la inflación.

De hecho, recientemente los trabajos de Turrini (2015) [5] y Duval y Elmeskov (2006) [6] han remarcado el hecho de que las reformas laborales suelen implementarse en momento de crisis económicas, coyuntura que facilita a las autoridades de turno conseguir el apoyo político necesario para este tipo de medidas. A este fenómeno se lo ha bautizado con el nombre de “espalda contra la pared”. Otro interesante resultado de estas investigaciones es que existe una causalidad entre endeudamiento y flexibilización laboral: un mayor endeudamiento aumenta la probabilidad de que un país flexibilice su mercado de trabajo.

Pero ¿por qué decimos que el verdadero objetivo es el de incrementar la competitividad y las ganancias de algunos sectores de la economía? Porque si bien es cierto que a nivel general el salario no puede ser visto exclusivamente como un costo, esta afirmación sí es cierta para dos tipos de empresas: las empresas que exportan la mayor parte de su producción y las empresas que proveen de servicios al sector público, típicamente, las empresas destinadas a la obra pública. En el caso de los exportadores, la excepción es clara: la fuente de demanda de un exportador no son los asalariados locales, sino los del resto del mundo. Por tanto, toda reducción de los salarios domésticos no afecta la fuente de ingresos de este tipo de empresas. El otro caso, que en general ha recibido muchos menos atención, es el de las empresas destinadas a la obra pública. Para este tipo de empresas, su fuente de demanda es el gasto público destinado a la inversión, mientras que los salarios que pagan son estrictamente un costo. El nuevo gobierno se ha encargado de dejar en claro que una de las formas en la cual promoverá el crecimiento será mediante la expansión de la obra pública. Si bien eso no ha pasado hasta el momento, los antecedentes del presidente y de su familia como propietarios de uno de los principales grupos empresarios asociados con la obra pública permiten augurar un futuro próspero para el combo de flexibilización laboral y fomento de la obra pública. La capacidad de la sociedad de resistir un nuevo período de flexibilización laboral estará dada por las acciones que decidan encarar los sindicatos y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que se opongan al nuevo modelo de crecimiento con exclusión social que rige en Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015.


NOTAS

[1] Cabe aclarar un punto. La nueva administración nacional arguyó que el 9,3% de desempleo no podía ser comparado con el guarismo del mismo trimestre del año anterior puesto que las cifras provistas por el organismo oficial estarían sospechadas de manipulación. Sin embargo, si se observan los datos del principal aglomerado del país, CABA, producidos por la oficina de estadísticas de ese distrito, se observa que año a año el segundo trimestre tuvo un incremento del desempleo del 8,6% al 10,5%, muy similar a la dinámica nacional.

[2] Ver comunicado del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Disponible en: https://m.facebook.com/DiputadosFPVPJ/posts/1760022927590075:0

[3] La declaración completa fue “Este proceso comenzó y cada día vamos a estar un poco mejor, y se va a acelerar si cada uno de los argentinos entendemos que si se hace trampa al sistema, se fuerza un ausentismo, se inventa un juicio, se pone un palo en la rueda y le complica la vida a todo el resto de la sociedad”. Ver http://www.lanacion.com.ar/1930452-mauricio-macri-pidio-que-los-empleados-no-pongan-palos-en-la-rueda-a-las-empresas

[4] En los 111 países analizados se implementaron un total de 643 reformas laborales entre los años 2008 y 2014. El 56% de esas reformas tuvieron como objetivo la flexibilización laboral, es decir, la reducción de la protección de los derechos de los trabajadores. El trabajo completo puede consultarse en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—inst/documents/publication/wcms_414588.pdf

[5] Turrini, A.; G. Koltay; F. Pierini; C. Goofard; A. Kiss (2015). “A Decade of Labour Market Reforms in the EU: Insights from the LABREF Database”, IZA Journal of Labor Policy, 4:12.

[6] Duval, R. and J. Elmeskov (2006). “The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and Product Markets”, ECB Working Paper No. 596 (March).

lunes, 19 de septiembre de 2016

El salario no es una medida de competitividad (I)



Y así podríamos seguir probablemente con la mayoría de los principales referentes del gobierno, incluido el Presidente. Esto se debe a que muchos de ellos, siendo empresarios, conciben al salario como el principal costo que debe reducirse si se quiere mejorar la competitividad.

El argumento es sencillo y se utiliza principalmente para la competencia internacional: si los salarios crecen más que la depreciación del tipo de cambio, entonces los costos salariales denominados en dólares aumentan, erosionando la posibilidad de competir en los mercados internacionales. De aquí que esto sea comúnmente conocido como competitividad “cambiaria”.

La mejora en la competitividad cambiaria estaría asociada, por un lado, con la posibilidad de exportar más productos (que antes no se exportaban porque no les daba para competir) y, por otro, con mayores cantidades exportadas de los bienes que ya se venían exportando (incentivados por la mejora en la rentabilidad). Por ende, i) si se reducen los salarios en dólares; ii) se pasaría a exportar una mayor cantidad de bienes; iii) la economía argentina crecería más; y iv) todos los argentinos nos veríamos beneficiados.

Resulta evidente que el proyecto de país de un gobierno debería tener como principal objetivo el punto iv). Le vamos a dar el beneficio de la duda al gobierno de Macri, ya que las principales medidas tomadas hasta ahora no parecen respetar ese criterio, y vamos a suponer que tiene este mismo objetivo. Con lo cual, para que el argumento anterior logre ese acometido deberían cumplirse los cuatro puntos marcados en el párrafo anterior.

En esta entrada vamos a meternos con el primero de esos puntos, que a priori parecería lo más sencillo: cómo reducir los costos salariales en dólares. La forma más directa es a través de la devaluación del tipo de cambio[1]. Cuando esto sucede, automáticamente se reducen en la misma cantidad los costos salariales en dólares de los bienes que se exportan. Si, por ejemplo, una empresa exportaba 10 toneladas a un precio de 350 usd/ton y los salarios representaban el 30% de sus ventas (digamos 3 trabajadores que cobraban 5.250 pesos cada uno, lo que representa un costo salarial de 1.050 usd), una devaluación del 10% del tipo de cambio (de 15 a 16,5 $/usd) se traduce en una reducción del costo salarial en dólares también del 10% (mientras que la empresa sigue exportando por 3.500 usd, sus costos en dólares ahora son de 954,5 usd).

El problema, como todos sabemos, es que las empresas locales también van a tratar de aumentar sus precios en la misma proporción (o lo más que puedan, dada la estructura de su mercado). Eso significa que tras la devaluación se va a observar un aumento en la tasa de inflación, que va a repercutir en las negociaciones salariales siguientes, donde los trabajadores buscarán recuperar el salario perdido. Si esto llegara a suceder, la “competitividad” ganada tras la devaluación se vería rápidamente erosionada. Incluso puede suceder que la devaluación genere una pérdida mayor de competitividad, si el gobierno decide no continuar devaluando el tipo de cambio y la tasa de inflación se mantiene en un nivel mayor debido a la dinámica inercial desencadenada.

Con lo cual, para que la devaluación sea exitosa en términos de competitividad, los salarios no deberían aumentar en la misma proporción, algo que a priori no sucedería de forma automática y menos aún cuando los trabajadores se encuentran organizados sindicalmente. De aquí la insistencia por parte del gobierno de no reabrir paritarias o de plantear que en el futuro las discusiones salariales sean en base a la productividad de cada sector (algo que casi por definición anularía la puja distributiva).

Otra estrategia, que en parte refuerza a la anterior, es la de desacoplar los precios locales de la evolución del tipo de cambio; es decir, que cuando se devalúa el tipo de cambio eso no se traduzca en un aumento de los precios (con el consecuente incremento de los salarios). Este es uno de los principales argumentos que sostiene el BCRA para aplicar un esquema de metas de inflación, que comenzará a funcionar a partir del 26 de septiembre. La justificación sería que tras la devaluación los empresario aumentan sus precios “por las dudas”, anticipando que la inflación va a aumentar y tratando de resguardarse frente a eso. Si todos actúan de manera similar, la inflación efectivamente aumenta, pero sin estar avalada por un incremento de los costos (un buen ejemplo de lo que se conoce como profecía autocumplida). Cabe destacar que para que esta estrategia funcione, de todos modos los trabajadores deberían resignar el poder adquisitivo perdido en la paritaria de 2016.

Como se puede observar, no resulta obvio ni sencillo que se logre este primer punto de la cadena secuencial presentada más arriba. En gran parte depende de que los trabajadores asuman el costo de la devaluación, resignando el poder adquisitivo perdido durante este año. Para eso, no solo no deberían reabrirse las paritarias sino que, a principios del año próximo cuando se discutan las próximas negociaciones salariales, con una inflación para ese entonces que probablemente ronde el 25%, los sindicatos deberían conformarse con aumento en torno al 20% (en línea con el 17% de inflación esperada para el BCRA). Por algo Sturzenegger dijo recientemente que “la batalla contra la inflación recién está por comenzar”.



[1] Más adelante vamos a analizar una forma genuina de lograr este objetivo.

domingo, 21 de agosto de 2016

Los desafíos que plantea el neoliberalismo "aggiornado"

Copio a continuación el texto que había preparado para la charla de ayer en el "Foro para la construcción de una mayoría popular":

En primer lugar, y aprovechando que uno de los principales puntos que se vino analizando a lo largo de todo el congreso es el reconocimiento del avance neoliberal en toda la región y las características particulares que adquiere en Argentina por medio del gobierno de Macri, quisiera discutir brevemente los postulados teóricos que definen a un gobierno de corte “neoliberal” y las ideas que se encuentran por detrás. Esto es debido a que por lo general se lo suele presentar de una manera un tanto caricaturezca que lo concibe como un gobierno que busca no intervenir de ninguna manera, lo cual no solo es incorrecto sino que además esto termina favoreciendo al propio discurso neoliberal.
El surgimiento del neoliberalismo puede ubicarse en el Coloquio Walter Lippmann, llevado a cabo en 1938 y que reunió a una gran cantidad de filósofos, economistas y teóricos liberales (entre los que se destacaban el propio Lippmann, Rougier, Hayek y Mises), cuyo objetivo era precisamente analizar el fracaso de la doctrina liberal clásica y a partir de eso buscar la manera de reformularlo ante la avanzada socialista. Hubo un reconocimiento tácito de que el fracaso de estas ideas estaba vinculado con la defensa a ultranza de una libertad sin ningún tipo de restricciones, el famoso “laissez faire”.
Lo que estos teóricos advirtieron fue que en la realidad no existe la posibilidad de que surja espontáneamente un mercado autoregulado. Esto es porque las sociedades son criaturas del derecho y de Estado: Toda propiedad, todo contrato, toda sociedad existe porque existen derechos, garantías y obligaciones cuya aplicación se puede asegurar cuando son sancionados por la ley a través del Estado. Es decir, como sociedad estamos vinculados por medio de un conjunto denso de obligaciones y de derechos que instauran cierta reciprocidad y estructuran nuestras relaciones.
La diferencia principal radicaba entonces en concebir al liberalismo como un liberalismo activo dirigido a la creación consciente de un orden legal en cuyo interior la iniciativa privada, sometida a la competencia, pueda desarrollarse con toda libertad. Es decir, y como había demostrado Polanyi, que el mercado autorregulado es producto de la acción política deliberada.
A partir de esa definición, el primer punto que quisiera marcar es que los gobiernos neoliberales son gobiernos que intervienen activamente en la economía con el objetivo de transformar el marco legal y la estructura económica para que funcione como ellos creen que debe funcionar.
Con lo cual, vemos que el gobierno de Macri es neoliberal, pero que no es lo mismo que el neoliberalismo de los ’90. No es lo mismo que los ’90 porque por primera vez en la historia argentina la derecha asumió el poder democráticamente, con un discurso que podemos considerar lavado pero que claramente era un discurso de derecha. Y la sociedad eligió eso (o por lo menos una parte mayoritaria de la misma). Volveremos luego sobre este tema del discurso.
Es neoliberal porque, como se desprende de la definición que presentamos anteriormente, es un gobierno que desde el primer día intervino activamente con el objetivo de transformar el marco regulatorio que rige la dinámica económica. Y que entiende que para sostenerse en el poder debe volver a ser legitimado en las urnas, lo que implica sostener sus bases de apoyo y tratar de contener, hasta donde se pueda, al resto.
Esto queda claro cuando se analiza las medidas tomadas en estos primeros meses: respecto del marco regulatorio, tenemos la eliminación de los controles de cambios, arreglo con los fondos buitres, liberalización de las tasas bancarias, quita de retenciones, entre otras; mientras que también encontramos algunas medidas paliativas de corte social como el reintegro del IVA a los jubilados, el aumento del seguro de desempleo, AUH para monotributistas, entre otras.
De acá también se infiere su matriz ideológica, ya que el gobierno buscó modificar la distribución de los ingresos, haciéndolos claramente más regresivos. Pero a la vez se debe advertir que esto fue acompañado de las medidas paliativas de carácter “social” mencionadas, y por ende sin llevar a cabo un ajuste brutal (como a priori algunos pensaban que podía llegar a hacer).
Esto refleja que el PRO entiende que modificar el marco económico y la distribución de los ingresos es un proceso que no se hace de un día para el otro, que lleva tiempo. Y, además, que para eso no alcanza con medidas que transfieran ingresos, con lo cual probablemente también busquen desmantelar las instituciones vinculadas a lo que podemos llamar el “Estado de bienestar” que el kirchnerismo logró construir. Aquí creo que indudablemente van a ir por la reforma del mercado laboral, que es el principal obstáculo a su manera de pensar la economía.
Esto es un rasgo fundamental de este neoliberalismo “aggiornado”, que refleja que entiende de política y que implementa las medidas económicas en función de eso, y no a la inversa. Al igual que con el kirchnerismo, la política sigue primando sobre la economía. En definitiva, esto está mostrando que el PRO es un gobierno con clara vocación política, que busca construir y que tiene un programa de largo plazo, un proyecto de país al cual aspiran.
A esto se le agrega un grado mayor de complejidad, porque el discurso neoliberal está tan bien articulado que hoy en día se presenta directamente como una concepción del mundo, como diría Gramsci. Es decir, que el neoliberalismo, antes que una ideología o una política económica es, de entrada y ante todo, una racionalidad. Y que, en consecuencia, esta racionalidad tiende a estructurar y a organizar, no sólo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los gobernados.
Como sostiene Foucault “gobernar es estructurar el campo de acción posible de los demás“, es decir, el arte de gobernar consiste en dirigir indirectamente la conducta de los individuos, influenciarlos a que hagan lo que uno quiere. Si el gobierno quiere que un individuo vaya de “A a B” y para eso lo obliga por la fuerza física, probablemente lo logre, aunque eso no va a durar mucho. Ahora, si le construye un camino y le dice “sos libre para decidir qué hacer, y ahí enfrente está el progreso”, cambia bastante la cosa.
A largo plazo, la hegemonía del poder solo se puede sostener mediante el consenso, y eso el neoliberalismo lo tiene muy aceitado. Por un lado, el discurso del gobierno apela y se defiende constantemente a partir de un concepto tan fuerte y difícil de rebatir como la promoción de la “libertad”, pero por otro interviene activamente en los marcos legales, para que los individuos decidan “con total libertad” aquello que obligatoriamente tienen que elegir.
Todo esto nos tiene que hacer darnos cuenta que el neoliberalismo es un aparato sumamente poderoso. Pensarlo como un Estado “bobo” que no interviene en la economía sería subestimarlo terriblemente. Y esa subestimación, lleva a esta idea de que "la van a chocar", lo cual es un error aún más grave. No solo por los argumentos presentados, sino porque además esa idea puede llevar al adormecimiento de la militancia, creyendo que alcanza con esperar.
Sumado a lo anterior, y yendo a temas más económicos, no nos tenemos que olvidar que el pilar fundamental que hasta ahora sostiene a este nuevo modelo es el endeudamiento externo, y que la herencia fue haberles dejado un país desendeudado. Con lo cual, tienen bastante margen de maniobra. Basta con recordar que para llegar al 2001 tuvimos que sufrir antes más de 10 años del neoliberalismo más salvaje.
Esta vez no solo no es tan salvaje (por lo menos hasta ahora), sino que además está la posibilidad de que la economía vuelva a crecer en 2017. Si la inflación comienza a desacelerarse, como probablemente suceda, eso va a venir acompañado de un repunte en el nivel de consumo que, sumado a lo que pueda aportar el agro, podrían alcanzar para lograr un crecimiento moderado para el año que viene.

Todo esto demanda la realización de mayores esfuerzos intelectuales y organizativos para amalgamar esas resistencias, para que confluyan en un proyecto de que privilegie los intereses de los trabajadores y las mayorías populares. Y esto debe hacerse cuanto antes, porque cada día de gobierno que pasa es una oportunidad para que el gobierno y el dispositivo mediático logren que su discurso vaya permeando en la sociedad, logrando que se instale en el sentido común de las personas, racionalizándolo y haciendo cada vez más difícil su disputa. Es un desafío sumamente complicado, pero que sabemos que no es imposible, si no, no estaríamos aquí presentes. Muchas gracias.